Los Veintiocho contemplan retrasar la tasa a los gigantes digitales a 2022

Esta nueva fecha consta en el documento elaborado para la reunión del martes por Austria, que ostenta hasta que finalice el año la presidencia de turno de la UE, según han informado fuentes comunitarias. El objetivo es resolver las reticencias que han planteado algunas capitales europeas, partidarias de esperar a una solución a escala mundial para gravar las actividades de las multinacionales que operan en el entorno digital.

Así, en el caso de que sea aprobado el planteamiento introducido por Viena, la entrada en vigor de este impuesto no llegaría hasta el 1 de enero de 2022. Esta fecha supone un retraso de un año con respecto a la propuesta consensuada entre los gobiernos de Francia y Alemania, que apuestan por empezar a aplicar el gravamen a partir de 2021.

El informe de la OCDE sobre este asunto se espera a mediados de 2020 y será la Comisión Europea la encargada de evaluar a finales de ese año si se han hecho progresos significativos en esta institución internacional que justifiquen que el impuesto europeo no entre en vigor.

La de este martes será la segunda vez que la tasa digital llega a los mesa de los ministros de Finanzas de los Veintiocho. En la primera ocasión, el pasado 6 de noviembre, quedó patente la división entre los socios comunitarios con respecto a esta propuesta legislativa, que necesita ser aprobada por unanimidad.

Según han informado las mismas fuentes, las diferencias persisten, por lo que "es necesario trabajar hasta el último minuto para tener a todo el mundo a bordo" el próximo martes. Irlanda y los países nórdicos (Finlandia, Suecia y Dinamarca) son los que más se oponen a aprobar este gravamen a nivel europeo, mientras que otros como Alemania, Reino Unido y Países Bajos siguen teniendo dudas. Otros que habían mostrado su oposición pero están más cerca de respaldar la propuesta son Estonia, Chipre y Luxemburgo.

La tasa a las multinacionales digitales cuenta con el apoyo de Francia, su principal valedor, y países como España, Portugal, Grecia, Bélgica, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía y Hungría.

Si finalmente es aprobada, se establecería un impuesto del 3% sobre los ingresos generados por la venta 'online' de espacios publicitarios, las actividades de intermediación que permiten a los usuarios interactuar entre ellos para facilitar la venta de bienes y servicios y la venta de datos aportados por los propios usuarios.

Este gravamen afectaría a aquellas empresas con unos ingresos globales que superan los 750 millones de euros en todo el mundo y los 50 millones en el bloque comunitario.